NACIONALES – La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de prevención y tratamientos de la diabetes. También aprobó el digesto jurídico.La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto referido a la problemática y prevención de la diabetes, respecto de la actualización, cobertura y adecuación de los tratamientos farmacológicos y tecnológicos de esa enfermedad.
El proyecto, aprobado por unanimidad, establece que el Estado debe llevar el control estadístico y prestará colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la planificación de acciones.
Asimismo, deberá garantizar la producción, distribución y dispensación de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol a todos los pacientes con diabetes, con el objeto de asegurarles el acceso a una terapia adecuada, así como su control evolutivo.
Además, el Ministerio de Salud de la Nación deberá establecer normas de provisión de medicamentos e insumos que deberán ser revisadas cada cinco años y actualizadas de acuerdo con los avances farmacológicos y tecnológicos que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora en la calidad de vida de los pacientes diabéticos.
El proyecto fue votado sin discursos previos debido al acuerdo al que arribaron los diferentes bloques para darle mayor dinamismo a la sesión.
Media sanción para el digesto
La Cámara de Diputados también aprobó y giró al Senado el proyecto de Digesto Jurídico Argentino, una minuciosa tarea realizada por la Universidad de Buenos Aires, que luego una bicameral del Congreso ordenó, controló y plasmo en un dictamen habilita la posibilidad de tener un texto en el que sólo estén plasmadas las leyes vigentes.
Tras un breve debate el proyecto fue aprobado por 168 votos a favor, provenientes del Frente para la Victoria, sus habituales aliados y los opositores Frente Renovador y Frente Amplio Progresista; en tanto que el resto de la oposición registró 30 votos y se contabilizaron cuatro abstenciones.
La iniciativa había sido presentada en julio de 2011 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al ministro de Justicia, Julio Alak, en un acto en la Casa de Gobierno donde se anunció el envío del proyecto al Congreso.
Se trata de un tema largamente demorado, que había sido incluido en la reforma constituyente de 1994 como obligación del Congreso, pero que no pudo ser enviado antes al Parlamento debido a la magnitud del trabajo de depurar y ordenar las leyes y decretos vigentes.
El trabajo de estudiar las más de 32 mil normas desde 1852 a la fecha fue encargado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 2005 en el que trabajaron más de 200 profesionales.
De hecho muchas de esas normas habían perdido su vigencia y otras resultaban ridículas como una que penaba a los funcionarios que azotaban ciudadanos.
El trabajo requirió un estudio minucioso de las normas, ya que muchas de ellas hoy vigentes en la legislación de nuestro país han sido modificadas por nuevas leyes, en tanto otras se superponen entre sí, mientras que varias de ellas devinieron en abstracto por el paso del tiempo y no fueron derogadas.
Una vez que ingresó al Parlamento, el conjunto de esas normas fue analizado por la comisión Bicameral del Digesto Jurídico, integrada por 4 diputados y 4 senadores de diferentes fuerzas, y que preside en el actual período el senador Aníbal Fernández. Ese cuerpo dividió el trabajo en 26 ramas diferentes del Derecho, entre las que se encuentra el Comunitario, Internacional, Aduanero, Penal, Civil, Comercial, Constitucional y de Medio Ambiente, entre otros.
El análisis, que incluye el soporte técnico de la Dirección de Información Parlamentaria, incluye además normas del Derecho Internacional Público, que contempla las leyes que aprueban los numerosos tratados internacionales en los que la República Argentina fue parte.
