NACIONALES – La presidenta Cristina Fernández le adelantó a la comisión conformada para la reforma del Código Penal que la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo no será parte de la discusión.No es la primera vez que la presidenta, a partir de una posición individual, conservadora y en la búsqueda de mantener alianzas con la Iglesia Católica, niega este debate. Expresó la misma decisión ordenando a los/as legisladores/as de su partido ausentarse de la jornada histórica del 1º de Noviembre de 2011, donde en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, se discutió el proyecto de ley presentado por la Campaña por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En el mismo sentido fue la opinión de la presidenta respecto al tema, cuando se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exime de pena a las mujeres violadas que aborten, esta vez en boca del Ministro de Justicia Julio Alak: ”la despenalización del aborto no está en la agenda del Ejecutivo».
Las cifras del Ministerio de Salud de la Nación dicen que se realizan anualmente entre 500 y 600 mil abortos clandestinos, que casi 70 mil mujeres requieren atención médica por infección o hemorragia como consecuencia del uso de métodos inseguros y que 100 mueren por año. ¿No ameritan estos datos un debate urgente?
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de derechos, es una exigencia al Estado, no sólo de las mujeres y de sus organizaciones, sino de la Organización de Naciones Unidas que en 2010 instó al gobierno a «garantizar» la aplicación de la Guía para la Atención Integral de Abortos no Punibles, y pidió que «revise» la legislación que tipifica a esta práctica como delito. A continuación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de la ONU, que monitorea el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, pidió al gobierno que presente en dos años (desde 2010) «información escrita» sobre las medidas para el cumplimiento de esas recomendaciones. Es claro que evitar la discusión no aporta al cumplimiento de las mismas.
Las víctimas se multiplican, la clandestinidad, y su negocio, crecen, cuando el Estado sanciona, como en el actual Código Penal, a quienes en realidad debería proteger.
El Estado, trascendiendo gobiernos y gobernantes, debe garantizar derechos y crear nuevos para permitir el ejercicio de la ciudadanía plena.
En tiempos de debate por la justa soberanía argentina sobre Malvinas, sobre la soberanía de nuestros recursos naturales, es hora de otorgar a las mujeres el derecho a ejercer la soberanía sobre sus propios cuerpos.
Gabriela Sosa – Directora de la Oficina de Derechos Humanos – Municipalidad de Rosario
