El Protocolo dispone de herramientas y criterios claros y unificados de actuación, teniendo como objetivo la protección y bienestar del niño durante el proceso judicial, evitando su revictimización y procurando la obtención de pruebas en pos de la realización de justicia.
El gobierno de la provincia puso en funcionamiento el primer Protocolo de Atención Interinstitucional para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos.
Fue este martes, durante la apertura de la VI Sesión Plenaria del Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes que se llevó a cabo en el espacio cultural “La Redonda, Arte y Vida Cotidiana” de la ciudad de Santa Fe.
El Protocolo permite disponer de herramientas y criterios claros y unificados de actuación para el abordaje de niños y niñas víctimas o testigos de delitos, evitando el maltrato institucional que se puede producir cuando se llevan a cabo intervenciones desarticuladas por parte de los diferentes operadores (Policía, Escuela, Centro de Salud, Poder Judicial, Centros de Asistencia Judicial, Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; entre otros) teniendo como objetivo la protección y bienestar del niño a lo largo de todo el proceso judicial, evitando su revictimización y procurando la obtención de pruebas en pos de la realización de justicia.
Del plenario participó el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, junto al Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal, quienes refrendaron el decreto firmado por el gobernador Miguel Lisfchitz.
También estuvieron presentes los ministros de Justicia, Ricardo Silberstein; y de Desarrollo Social, Jorge Álvarez; la secretaria de Políticas Sociales, Vanesa Oddi; el subsecretario de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Horacio Coutaz; y la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Analía Colombo.
Trabajo integral
El protocolo es el resultado de un largo proceso de trabajo conjunto iniciado ante la inquietud de los equipos del Poder Ejecutivo en diseñar un dispositivo que optimice la atención, contención y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para evitar los procesos de revictimización, enfatizando la recolección de pruebas que estos puedan aportar en ese mismo contexto protector de derechos.
El documento comenzó su proceso de elaboración en mayo de 2013 cuando se realizaron diversos encuentros con especialistas para la elaboración del Protocolo en cuestión, participando activamente representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Seguridad, de Salud, de Educación, la Defensoría del Pueblo a través de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes; del Ministerio Público de la Acusación y de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y la Procuración General, como así también contó con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), quienes brindaron la asistencia técnica experta.
Seis principios generales
El Protocolo enumera seis principios generales que pretenden guiar a los abogados, psicólogos, trabajadores policiales y otros operadores que intervengan luego de la comisión de un delito sexual en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Los principios son:
>> 1- Protección y bienestar de niños, niñas y adolescentes: son los valores primordiales a alcanzar a lo largo de todo el proceso, siempre teniendo en cuenta que la administración de justicia procura tener un efecto reparador en el proceso de recuperación de la víctima y de su familia. Este principio supone el respeto y garantía del interés superior del niño; la protección de la salud; evitar la revictimización; y los derechos a un trato digno; a la seguridad y a la privacidad.
>> 2- Derecho a ser oído: el relato y las opiniones de los niños deben ser tenidos en cuenta en todas las etapas del proceso.
>> 3- Asegurar la eficiencia del proceso y la obtención de pruebas válidas: garantizar el acceso a la Justicia y la optimización de las oportunidades de obtención de pruebas válidas dentro del proceso. Supone la compatibilización de las garantías del imputado y los derechos de las víctimas; la protección contra todo perjuicio que pueda causar el proceso de Justicia; la gestión de medios para facilitar el testimonio de los niños; y propender a una única declaración testimonial de la niña o el niño víctima del delito.
>> 4- Unidad de criterio, coordinación entre actores y protocolización de procedimientos: los fiscales o fiscales adjuntos serán quienes centralicen las decisiones, con la debida asistencia de los equipos profesionales involucrados. Se establece una doble prioridad: la protección de los derechos del niño o niña víctima de un delito y la eficacia de la investigación.
>> 5- Capacitación de profesionales y revisión constante de las intervenciones y procedimientos: para brindar el abordaje necesario.
>> 6- Recuperación física y psicológica: que permita la reinserción social, garantizando el acceso a los servicios sociales y de salud, a la escolaridad así como también a servicios de asistencia y apoyo económico, jurídico y de asesoramiento.
