Este jueves por la tarde la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica el Art. 240 del Código Procesal Penal y dictamina la obligación de los fiscales de secuestrar las armas existentes (legales o no) en todos los procesos por amenazas, violencia familiar o de género, o cualquier otro delito derivado de situaciones de conflictos interpersonales.
Al respecto, el autor del proyecto, el diputado Jorge Henn, explicó: “es nuestro deber como legisladores generar políticas que sean preventivas para bajar los niveles de violencia en la sociedad. Entendemos que, además de potenciar la operatividad policial, la renovación y fortalecimiento de la logística y la incorporación de nuevas tecnologías, es nuestra obligación como legisladores adecuar los marcos normativos que doten al poder judicial de instrumentos que permitan intervenir, focalizando en la prevención, para evitar escenarios con daños irreparables”.
En el mismo sentido expresó, “el desarme es crucial y el rol de los fiscales también, más si tomamos en cuenta las estadísticas del año 2015 donde siete de cada diez muertes (69,9%) fueron por armas de fuego, y de ese universo el 50,6% proviene de conflictos que involucraron a personas que se conocían previamente” y continuó, “en resumen, lo que aprobamos es la obligación de que los fiscales secuestren todas las armas (legales o no) que sean parte de una situación de violencia familiar, de género o de conflictos interpersonales”.
Asimismo agregó, “tenemos que entender que una respuesta rápida puede prevenir escenarios de violencia donde se ocasionen daños irremediables, mucho más en casos donde se pone en riesgo la vida de una persona. En otras palabras podemos decir que, a partir de esta nueva norma, los fiscales tendrán la obligación de actuar antes que el arme mate”.
Para concluir el legislador sostuvo que “el Estado quiere avanzar en una política criminal racional, estratégica y eficaz en materia de persecución penal. Debemos velar por aunar esfuerzos en la prevención, asistencia a las víctimas, al tratamiento de los sospechosos y condenados y, como último, a la promoción y ejercicio de la persecución penal”.
