Carolina Romero y Claudia Caballero tienen 37 años y trabajan para la Comuna de Hardy desde 2020. En febrero de 2025 habían sido incorporadas a planta permanente. Ahora denuncian que fueron apartadas de sus funciones y se les impidió ingresar al edificio comunal. Aseguran que nunca fueron sancionadas, notificadas por incumplimientos ni sometidas a un sumario.
La historia de Carolina Romero y Claudia Caballero comenzó hace varios años, cuando ambas ingresaron a trabajar para la Comuna de Hardy, una localidad del norte santafesino de alrededor de 1.200 habitantes.
Las dos tienen 37 años. Claudia comenzó a desempeñarse en el área de recepción, mientras que Carolina trabajó como administrativa del centro de salud, ambas bajo la modalidad de contratadas desde 2020 bajo el decreto 019/2020. En aquel momento, la administración comunal estaba a cargo de Manuel Stechina.
En 2023, durante la gestión de Fernando Zanier, Carolina pasó a desempeñarse como administrativa dentro de la comuna, manteniendo su condición de contratada.
En febrero de 2025, la Comisión Comunal resolvió otorgarles a ambas el pase a planta permanente mediante la Ordenanza 01/2025, reconociendo —según consta en la decisión adoptada en ese momento— la necesidad de brindarles estabilidad laboral y valorando los años de trabajo, compromiso y dedicación que habían demostrado en sus tareas y con los vecinos de Hardy.
Sin embargo, pocos meses después, la situación cambió.
En diciembre de 2025, Manuel Stechina volvió a asumir la presidencia comunal, luego de presentarse como único candidato. Según relatan las trabajadoras, desde el comienzo de la nueva gestión no tuvieron contacto directo con el presidente comunal.
Ambas fueron entrevistadas únicamente por el abogado de la comuna, quien les consultó cuáles eran las tareas que realizaban. Luego de explicar sus funciones, recibieron como única indicación que continuaran haciendo el mismo trabajo.
Ante el desconcierto generado por la situación, Carolina y Claudia solicitaron en reiteradas oportunidades una entrevista con el presidente comunal para ponerse a disposición y conocer de primera mano cuál era su situación laboral.
Primero lo hicieron verbalmente. Luego presentaron pedidos por escrito.
No obtuvieron respuesta.
Una situación que, aseguran, fue agravándose
Con el paso de los meses, las trabajadoras comenzaron a percibir un progresivo deterioro de su situación laboral. Según manifiestan, se les fueron retirando funciones y comenzaron a incorporarse nuevas empleadas para realizar tareas que hasta entonces estaban dentro de sus responsabilidades.
Ante la incertidumbre y la falta de explicaciones, decidieron afiliarse al gremio ASOEM con el objetivo de recibir asesoramiento y contar con acompañamiento frente a la situación que estaban atravesando.
Según relatan, a partir de entonces las tensiones se profundizaron.
La situación llegó a afectar fuertemente a ambas mujeres, quienes debieron realizar consultas psiquiátricas para poder afrontar la angustia generada por el conflicto laboral.
A pesar de ello, sostienen que continuaron concurriendo a trabajar y desarrollando normalmente sus actividades.
Hay un dato que consideran especialmente relevante: aseguran que nunca recibieron una notificación por incumplimiento de sus funciones, nunca fueron sancionadas y no tienen ningún sumario administrativo en sus legajos.
El día que cambió todo
El viernes 31 de julio, el encargado de mantenimiento de la comuna les comunicó que sus pases a planta permanente quedaban suspendidos y les entregó una copia de la Ordenanza N° 08/2026 firmada por el presidente Comunal, Manuel Stechina, la vicepresidente Nidia Roberts y el tesorero Juan Carlos Ybarra.
Las trabajadoras aseguran que no recibieron una explicación personal por parte del presidente comunal ni fueron convocadas previamente para conocer los motivos de la decisión.
El lunes 3 de agosto, la situación dio un paso más: se les impidió ingresar al edificio comunal.
Ese día concurrieron acompañadas por representantes del gremio ASOEM. Permanecieron durante toda la mañana frente a la sede comunal esperando ser recibidas, pero —según denuncian— el presidente no las atendió ni brindó explicaciones, tampoco al representante gremial que las acompañaba.
Para ambas, ese momento significó el punto culminante de una situación que venía generándoles una enorme incertidumbre desde hacía meses.
La explicación de los costos y una pregunta que permanece abierta
Según las declaraciones realizadas públicamente por el presidente comunal, la decisión estaría vinculada con una cuestión de costos.
Pero Carolina y Claudia plantean una pregunta que, hasta el momento, aseguran no haber podido responder: si el motivo es exclusivamente económico, ¿por qué se incorporaron nuevas trabajadoras para realizar tareas similares a las que ellas desempeñaban?
Desde su perspectiva, esto pone en duda que la decisión responda exclusivamente a una reducción de gastos, ya que —sostienen— las tareas continúan siendo necesarias y los puestos son cubiertos por otras personas.
Por eso consideran que detrás de la decisión podría existir una cuestión de carácter político.
No pretenden, dicen, privilegios ni un trato diferente. Lo que reclaman es algo mucho más básico: que se les explique por qué, después de años de trabajo y de haber sido incorporadas a planta permanente por decisión de la propia Comisión Comunal, fueron apartadas de sus puestos sin haber recibido previamente una sanción, una acusación de incumplimiento o un procedimiento administrativo que les permitiera conocer y defenderse de los motivos de la medida.
Dos madres frente a una incertidumbre que no eligieron
Detrás del conflicto laboral hay también dos historias personales.
Carolina es madre soltera y sostiene sola la crianza de sus dos hijas, de 12 y 17 años. Claudia es madre de un niño de 6 años.
En una localidad pequeña como Hardy, donde todos se conocen, perder el trabajo no representa solamente dejar de percibir un salario. También significa quedar expuestas a una situación de enorme incertidumbre económica y personal.
Ambas mujeres dicen sentirse desconcertadas porque no conocen cuál fue la razón concreta por la que se tomó la decisión.
No fueron citadas por el presidente comunal para conversar. No recibieron, según afirman, una explicación sobre un supuesto incumplimiento laboral. No fueron sancionadas. No tienen un sumario en sus legajos.
Y, sin embargo, hoy no pueden ingresar a su lugar de trabajo.
Carolina y Claudia decidieron hacer pública su situación porque sienten que no tienen otra manera de conseguir una respuesta.
Su reclamo no es solamente por un puesto de trabajo. También es por el derecho a conocer las razones de una decisión que afecta directamente sus vidas y las de sus hijos.
En pleno siglo XXI, sostienen, ninguna trabajadora debería quedar en una situación de semejante incertidumbre por razones que no se le explican.
Y mucho menos, consideran, debería existir la posibilidad de que una persona pierda su fuente laboral por sus ideas o vínculos políticos.
Por eso esperan que alguien finalmente las escuche. No piden privilegios: piden explicaciones.
