La Agencia Provincial de Seguridad Vial rechazó las declaraciones de Vialidad Nacional, que cuestionó la legalidad de más de un centenar de radares instalados sobre rutas nacionales en territorio santafesino. La provincia sostiene que posee facultades para ejercer esos controles y ratificó que continuará con esa política de prevención vial.
La controversia por la instalación y funcionamiento de radares en rutas nacionales de Santa Fe volvió a instalarse en la agenda pública luego de que la Dirección Nacional de Vialidad advirtiera sobre la existencia de más de un centenar de cinemómetros que, según su interpretación, carecen de la autorización correspondiente para operar sobre jurisdicción nacional.
El planteo fue formulado por el jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Gastón Bruno, quien señaló que el conflicto no radica en la homologación técnica de los equipos, sino en la autorización necesaria para su emplazamiento dentro de la zona de camino de las rutas nacionales.
«Hay más de cien radares en rutas nacionales que no están autorizados. La principal responsable es la Agencia Provincial de Seguridad Vial», sostuvo el funcionario nacional, al explicar que un dispositivo puede estar debidamente homologado como instrumento de medición, pero eso no implica que cuente con el permiso para ser instalado en una traza nacional.
La respuesta de la Provincia
Frente a esas declaraciones, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, respondió con firmeza y defendió la legalidad del sistema de control de velocidad implementado en Santa Fe.
El funcionario afirmó que la provincia posee facultades para fiscalizar velocidades tanto en rutas provinciales como nacionales, al haber realizado oportunamente la reserva de esa competencia.
«Estamos convencidos de que tenemos facultad para controlar velocidades en las rutas nacionales y provinciales. Así está establecido porque hicimos reserva de ese derecho como provincia. Según nuestro criterio, no necesitamos pedir autorización a ninguna repartición nacional para controlar las velocidades en las rutas», expresó Torres.
En declaraciones radiales, remarcó además que los controles constituyen una herramienta fundamental dentro de la política pública de seguridad vial y destacó que contribuyeron a reducir la siniestralidad durante los últimos dos años y medio.
Un sistema con más de 15 años de funcionamiento
Torres recordó que el sistema de cinemómetros funciona en Santa Fe desde hace más de quince años y aseguró que nunca existieron inconvenientes de estas características.
Asimismo, indicó que días atrás mantuvieron reuniones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el objetivo de revisar y fortalecer el funcionamiento del sistema, buscando avanzar en criterios comunes.
En ese contexto, cuestionó el planteo realizado por Vialidad Nacional y sostuvo que el organismo debería concentrar sus esfuerzos en el mantenimiento de las rutas nacionales, al considerar que esa es una de sus principales responsabilidades.
«Nadie discute que la propiedad de las rutas nacionales corresponde al Estado nacional, pero la facultad para controlar las velocidades es de las provincias. Es una controversia que intentamos superar trabajando conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial», concluyó.
El debate abre nuevamente una discusión sobre los alcances de las competencias entre Nación y las provincias en materia de control vial, mientras ambas administraciones sostienen interpretaciones diferentes respecto del marco legal vigente para la utilización de radares sobre rutas nacionales.
Gentileza: Diario La Capital