Tras una investigación administrativa, el Departamento Ejecutivo aprobó un protocolo de transparencia y saneamiento institucional, además de aplicar una sanción disciplinaria a la jueza de Faltas, Dra. Viviana Graciela Sosa Amado.
Mediante las Resoluciones N.º 01-0097/26 y 01-0098/26, el Departamento Ejecutivo Municipal de Villa Ocampo avanzó en la implementación de medidas destinadas a fortalecer la transparencia, garantizar el debido proceso y corregir deficiencias detectadas en el funcionamiento administrativo del Juzgado Municipal de Faltas.
La primera de las resoluciones establece un Protocolo de Actuación, Transparencia Procedimental y Saneamiento Institucional, elaborado a partir de una investigación administrativa impulsada por la Asesoría Letrada Municipal. El documento reconoce la necesidad de subsanar diversas disfuncionalidades técnico-administrativas detectadas en la tramitación de causas contravencionales, la emisión de certificaciones y la relación operativa con organismos jurisdiccionales.
Entre los principales lineamientos fijados por el Ejecutivo se dispone que toda presentación vinculada a expedientes contravencionales deberá ser recibida obligatoriamente por Mesa de Entrada, sin condicionamientos ni restricciones, debiendo dejarse constancia inmediata mediante sello de cargo con fecha, hora y número de actuación. Asimismo, se establece la obligación de brindar información clara a los ciudadanos sobre el estado de sus trámites y garantizar el acceso efectivo al derecho de defensa.
La resolución también introduce pautas específicas respecto de la emisión del Certificado de Conducta Vial o Libre Multa, diferenciando los casos con sanciones firmes y deuda pendiente de aquellos expedientes en los que aún se encuentren vigentes las instancias de defensa o pago voluntario. Además, se ordena reforzar los mecanismos de transparencia digital en el sistema informático utilizado por el área.
Investigación administrativa
Por otra parte, mediante la Resolución N.º 01-0098/26, el Ejecutivo dio por concluida la investigación administrativa iniciada a raíz de una denuncia formulada contra la titular del Juzgado Municipal de Faltas, Dra. Viviana Graciela Sosa Amado.
Según surge de los considerandos, la denuncia incluía cuestionamientos vinculados a supuestas irregularidades en notificaciones, recepción de descargos y otras actuaciones administrativas. Tras el análisis de las pruebas incorporadas al expediente y el dictamen elaborado por la Asesoría Letrada Municipal, el Ejecutivo concluyó que no correspondía avanzar administrativamente respecto de las imputaciones de falsedad ideológica, extorsión o estafa, por considerar que tales cuestiones exceden la competencia administrativa o no contaban con elementos suficientes para acreditarlas en esa instancia.
No obstante, la investigación determinó la existencia de una conducta considerada improcedente desde el punto de vista administrativo: la exigencia de la presencia personal del infractor o de un poder para recepcionar un descargo firmado por el ciudadano, circunstancia que fue considerada contraria a los principios de informalismo en favor del administrado y al derecho de defensa garantizado por la legislación vigente.
En función de ello, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicar a la magistrada una sanción de apercibimiento, encuadrándola como una medida disciplinaria correctiva y no expulsiva. Asimismo, ordenó avanzar en la elaboración de proyectos de adecuación normativa y remitir copia de las actuaciones al Concejo Municipal para su conocimiento.
Reorganización institucional
Las resoluciones llevan la firma del intendente Cristian Marega y del secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Jesús Miguel Merino, y forman parte de un proceso que, según se desprende de los fundamentos oficiales, apunta a fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia administrativa y el correcto funcionamiento del sistema de juzgamiento de faltas en la ciudad.
Gentileza: Antonio Paré