Alrededor de las 11:00 horas del miércoles 28 de enero de 2026, habría comenzado, vía plataforma ZOOM y a través de la Oficina de Gestión Judicial (O.G.J.) de la ciudad de Las Toscas, una audiencia de revisión de medidas cautelares y un posible cambio de calificación legal, relacionada con un hecho delictivo que habría ocurrido en un comercio propiedad de Alejandro Antonio Casali, en la ciudad de Villa Ocampo, durante la mañana del viernes 16 de enero de 2026.
Según lo que se habría expuesto, en ese contexto habría descendido de un automóvil un individuo que habría sido identificado como Jonathan Michael Sosa, de 38 años de edad, domiciliado en la localidad de Candioti, quien habría ingresado al negocio portando un arma de fuego, amenazando al comerciante y efectuando dos disparos, uno de los cuales habría provocado una herida en la pierna de la víctima. Posteriormente, habría sustraído un teléfono celular y se habría retirado del lugar.
Por este hecho, en la mañana del martes 20 de enero habrían sido imputados los tres ocupantes del vehículo: Adrián Andrés Blanco, de 35 años; Daniel David Blanco, de 36 años, ambos domiciliados en la localidad de Nelson, y Jonathan Michael Sosa, por los presuntos delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, tenencia indebida de arma de fuego, amenazas coactivas, lesiones leves dolosas, entre otros.
El abogado defensor de los tres imputados habría solicitado una revisión de la medida cautelar. Se trataría del doctor Néstor Darío Pereyra, abogado penalista con domicilio en la ciudad de Santa Fe. No obstante, tanto el fiscal interviniente, doctor Leandro Aguilar, como el abogado que habría asesorado a la víctima, doctor Juan Manuel Díaz, habrían coincidido en señalar que los tres detenidos tendrían la misma responsabilidad, ya que se habrían trasladado más de 380 kilómetros en el mismo automóvil, portando un arma de fuego.
En ese sentido, habrían manifestado que el viaje no habría tenido como único objetivo el robo de un teléfono celular, sino que existirían otros motivos que la Justicia debería tomarse el tiempo necesario para investigar y analizar, motivo por el cual correspondería la continuidad de las medidas cautelares impuestas.
En base a estos argumentos, el magistrado que habría presidido la audiencia, doctor Gustavo Gon, habría resuelto mantener la misma calificación legal y disponer que los imputados continúen en prisión preventiva sin plazo, con la posibilidad de que dentro de tres meses se pueda solicitar una nueva revisión de dichas medidas, conforme a lo establecido por la legislación vigente.
Fuente: Las Toscas Multimedios