CAUSA GIL – El abogado Iván Bordón, en representación de los querellantes, pidió al Tribunal Oral Federal de Santa Fe que condene al profesor Juan José Luis Gil a la pena de 12 años de prisión.Dicha condena es como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en dos hechos en concurso real, artículo 149 bis, ultimo párrafo, agravado al ser anónimas, artículo 149 ter inciso primero y artículo 55 del Código Penal de la Nación, declarándose que el delito se cometió con el fin de obstaculizar el avance de la justicia federal en las investigaciones de delitos de lesa humanidad.
Y pidió que se abra otra causa contra el mismo Gil, por la comisión de delitos de lesa humanidad. «Esta querella no tiene dudas que él fue parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado. Juan José Luis Gil fue parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado», repitió en sus conclusiones. Y pidió que el juzgado federal le inicie causa también por ese delito. Cuatro horas duró la exposición del abogado querellante. Concluyó a las 14:30 y se pasó a un cuarto intermedio hasta las 16, cuando hará sus conclusiones el fiscal federal, quien avisó que no ocupará más de media hora.
El acusador Bordón pidió que el Tribunal ordene extraer copia de la indagatoria del imputado Gil, «en relación a tareas que mencionó, donde habló de tareas investigativas realizadas en la fábrica Vicentín en 1976. ¿Para qué pedimos eso?. Para que se lo investigue por la comisión de delitos de lesa humanidad. Esta querella no tiene dudas que él fue parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado. Juan José Luis Gil fue parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado», repitió. Y pidió que el juzgado federal le inicie causa también por ese delito.
Recordó que Gil fue personal civil de inteligencia, PCI del Ejército, ex policía rural y que tenía una lista de comerciantes de Reconquista indicando posiciones ideológicas. Quiere que eso se compare con lista de detenidos, como para demostrar su rol en esa estructura macabra que operó durante la última dictadura cívico-militar.
Bordón concluyó su alegato destacando que “desde 2003, con Néstor Kirchner, se inició una política de Estado de memoria, verdad y justicia, sin impunidad; política continuada por la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner».
Gustavo Raffín
