SENADORES PROVINCIALES APROBARON – Media sanción. Autoriza al Poder Ejecutivo a afectar el presupuesto que necesite para reforzar las medidas que garanticen el resguardo de la vida de las personas y de sus bienes. Propone intensificar, capacitar y equipar al personal policial. Regirá por un año.Después de varias postergaciones, la Cámara Alta aprobó en la tarde de ayer el proyecto de ley impulsado por los senadores justicialistas Ricardo Spinozzi y Alberto Crosetti, que propone declarar la emergencia en materia de seguridad pública en el ámbito de toda la provincia y por el término de un año.
El objetivo de la norma es “proteger integralmente la vida y los bienes de las personas”, y comprende aspectos organizativos, funcionales y operativos del sistema de seguridad. Prevé aplicar programas para “atacar las causas de la delincuencia y la violencia en todas sus modalidades, haciendo especial hincapié en los sectores más vulnerables”; y programas de vinculación y coordinación con municipios y comunas. También contempla la creación de juzgados comunales y oficinas del Registro Civil para la recepción de todo tipo de denuncias. La ley autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes.
Según el proyecto, el Ministerio de Seguridad deberá pagar adicionales especiales a los agentes que realicen servicio en la vía pública, incentivar la incorporación de personal policial a las fuerzas, reparar las dependencias policiales, permitir que los vehículos en depósitos judiciales sin titular sean destinados a móviles policiales, y ordenar que los responsables de las comisarías firmen las presentaciones o denuncias de los ciudadanos.
Propone, además, la adquisición del equipamiento necesario para asegurar una adecuada protección de los agentes, la compra de equipamiento para la policía científica y de tecnología para la ubicación satelital en las unidades móviles.
Dispone que se afecten fondos para asistir al personal policial en materia de vivienda, a los agentes víctima de accidentes vinculados a su labor, y a las familias del personal policial accidentado o fallecido en acto de servicio. Incluye un párrafo destinado al personal penitenciario para que sean incentivados y capacitados mediante programas nacionales e internacionales, y sugiere la construcción de dos complejos penitenciarios para alojamientos de los presos de las comisarías.
Prevención
En materia de políticas preventivas, el proyecto de ley propone aplicar programas de inserción de jóvenes de entre 14 y 25 años, que no estudien ni trabajen y se encuentren en situación de riesgo; y programas de becas para la reincorporación de los chicos al sistema educativo.
También plantea la construcción y equipamiento de cuatro centros de rehabilitación para niños, adolescentes y adultos con problemas de adicciones o penales; y la reparación y mejoramiento de infraestructura para actividades deportivas, recreativas y de capacitación laboral en escuelas de jóvenes y adultos
Se prevé la creación de un Programa Integral de Inclusión Educativa y de un Programa Educativo Multimedial tendiente a informar, concientizar y convocar a toda la comunidad a participar activamente en todas aquellas acciones que fortalezcan el desarrollo de una sociedad más justa.
La ley plantea fortalecer y desarrollar programas de asistencia a la víctima y a familiares de víctimas, y un programa de asistencia a los centros educativos públicos para que cuenten con la presencia efectiva de un Gabinete Psicopedagógico de por lo menos dos días a la semana. También, aplicar un programa de asistencia y concientización para padres y responsables de los menores de edad que hubieren tenido más de dos ingresos en sede policial como consecuencia de hechos tipificados en el Código de Faltas o Código Penal.
Designaciones
La ley faculta al Poder Ejecutivo a que por medio del Ministerio de Seguridad, las designaciones de los responsables de comisarías y subcomisarías surjan del consenso y participación de los vecinos residentes en las inmediaciones de la dependencia.
Se sugiere que tal designación recaiga preferentemente en personas con residencia efectiva en la jurisdicción en que tengan que prestar funciones “para que éste sea un integrante más de la red comunitaria con su familia, de manera que comparta los mismos espacios públicos, comercios y escuelas, entre otros”.
Una comisión bicameral
El proyecto de ley establece la creación de una Comisión Bicameral de Seguridad Pública integrada por las actuales comisiones de Seguridad Pública, que sesionará durante la vigencia de la ley al menos una vez por mes.
Tendrá el control y supervisión de la aplicación de la norma. El Ministerio de Seguridad deberá remitir mensualmente a la presidencia del Senado un informe con el detalle de las medidas adoptadas y sus resultados, y de las medidas a adoptar. Dicho informe será puesto a consideración de la Comisión Bicameral, y posteriormente, un día después de su recepción, la presidencia del Senado deberá elevarlo a los titulares de las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras, para que éstos lo hagan conocer a los demás miembros con anticipación a la realización de la reunión mensual.
Buzones
El proyecto de ley prevé la instrumentación de un sistema de buzones en las oficinas del Registro Civil o Juzgados Comunales para la recepción de denuncias, cuando no se trate de un delito penal. Serán abiertos al menos una vez por mes por el responsable de la oficina con dos testigos. A la apertura serán invitadas las autoridades locales, ONG y demás fuerzas vivas del lugar. Allí se labrará un acta de la cantidad de sobres o elementos encontrados. El material será remitido al fiscal de los tribunales provinciales con asiento en la jurisdicción del lugar.
Red de Medios – Ellitoral
