La actual diputada rechazó las imputaciones de la nueva gestión. Sostuvo que los cargos cubiertos en los últimos seis meses de gobierno y que no contemplan docentes frente al aula, representan un “ínfimo” porcentaje en el sistema educativo. Justificó la estructura ministerial que, según su sucesora, está “sobredimensionada”. “Si piensan desmantelar, estaríamos siguiendo una política neoliberal”, alertó.
La ex ministra de Educación, Claudia Balagué, defendió la “legalidad y pertinencia” de todas las decisiones administrativas adoptadas durante los últimos días de su gestión. En diálogo con El Litoral, detalló que en los últimos seis meses de gestión se cubrieron más de once mil horas cátedras, pero negó que ello implique una “titularización masiva”, tal como lo planteara tanto su sucesora Adriana Cantero, como el gobernador Omar Perotti. Y justificó la creación de las 32 direcciones que actualmente tiene esa cartera.
– ¿Fue exagerada la creación de estructuras? Cantero habla de un ministerio sobredimensionado…
– Es una estructura idéntica a la que tienen todas las provincias con niveles y modalidades, y replica lo que estableció la Ley Nacional de Educación. Hay una cuestión conceptual detrás de todo esto. Si entendemos a la educación como un derecho para todos desde los tres hasta los noventa años y que el sistema educativo tiene que estar en permanente expansión para garantizar ese derecho, obviamente tiene que haber una estructura ministerial que lo atienda. En otras épocas a las que se hace referencia no existía, por ejemplo, la educación hospitalaria que implica que un docente atienda al alumno con una enfermedad crónica en su domicilio o en el hospital. Tampoco, una modalidad de educación física que atienda todas las necesidades de integralidad de los chicos con el trabajo intelectual. Ni se daban las situaciones problemáticas que hoy tienen las escuelas por violencia, adicciones, abuso infantil… Toda esta problemática requiere de un acompañamiento a las escuelas; las estructuras están diseñadas para atender esas demandas. Hay otra cuestión conceptual; si entendemos que la educación es la única manera genuina de desarrollar una provincia y un país, por supuesto que el sistema educativo y el Ministerio de Educación tienen que seguir creciendo. Ésa es la concepción del Frente Progresista que vamos a seguir defendiendo, porque además, tuvo resultados positivos. Se sumaron 13.500 chicos a educación inicial, básicamente sala de 4; creció un 37% la presencia de adultos en la escuela secundaria y un 70% en el nivel superior. Esto, por haber incorporado carreras en los barrios, como enfermería en Yapeyú; o educación superior en las cárceles.
– ¿Si la estructura se condice con la norma nacional que por ahora no está previsto cambiar, qué implica el anuncio de las nuevas autoridades de reducir esas estructuras?
– Implica un retroceso. Los niveles y modalidades, la educación especial, la atención de los niños con discapacidad en escuelas no especiales, todo eso corresponde a una estructura. Si eso se desmantela, que fue lo que hizo (Mauricio) Macri a nivel nacional, estaríamos siguiendo una política realmente neoliberal en la provincia que creo que es lo que no hay que hacer. Al contrario, hay que seguir avanzando; hay que seguir haciendo crecer el sistema porque es la única manera de que tengamos un desarrollo genuino.
– La nueva gestión cuestiona la política educativa desarrollada desde “afuera”, a través de programas. ¿Considera que fue un error instrumentarlos?
– También aquí hay un error conceptual. Los programas no son externos a la escuela. Escuela Abierta, por ejemplo, se internalizó en cada establecimiento, y este tipo de programas acompañan a las escuelas en los problemas que tienen. Muchos son parte de la vida y del horario escolar; no están fuera. La ESI es parte del horario escolar como también la actuación de distintas situaciones de formación docente. Los maestros conocen esto. Se fue a acompañar y potenciar al docente, y en todo caso, a llevar algunas innovaciones educativas y propuestas internacionales que se acercaron hasta las escuelas.
– El gobernador habló del ‘desorden’ que encontraron en Educación, y la nueva ministra de una ‘titularización masiva’ de horas cátedras para personas que no están frente al aula. ¿Cómo explica eso?
– Por un lado hay que entender la dimensión del sistema educativo porque se habla de tres o cuatro mil horas cátedras titularizadas como si fuera algo exagerado, pero no se repara en que el sistema tiene 85 mil agentes y 500 mil horas cátedra para toda la provincia en todos sus niveles para sus 5 mil escuelas. Los números son grandes.Hablar de cuatro mil horas cátedras es hablar de un 0,8% de las horas cátedra que existen en la provincia. Durante doce años titularizamos docentes porque tenemos la convicción de que hay dos beneficios: garantizar la estabilidad laboral, y permitir que la comunidad educativa conozca a sus docentes y éstos a sus alumnos lo cual mejora la calidad de los aprendizajes. Qué se titularizó en estos doce años: 55 mil docentes con acuerdo paritario, siempre. En esos últimos seis meses que son los que se van a revisar, se titularizaron con el mismo mecanismo 660 horas para coros y orquestas en 32 escuelas; 2.216 horas cátedras y 290 cargos para docentes de formación profesional (oficios) en 124 establecimientos, y 133 cargos para el programa Convivencia (equipos interdisciplinarios para atender situaciones de consumo y violencia) en 1800 escuelas. Y eso es muy poco; las escuelas reclaman este acompañamiento. Además, se titularizaron 37 cargos para ESI, destinados a la formación de los docentes de todos los niveles y modalidades. Y el 5 de diciembre se titularizaron 8796 horas cátedra para 58 institutos superiores de formación docente. El número parece exorbitante pero es mínimo comparado con la cantidad de horas cátedra que hay en la provincia. Éste último es un proceso histórico; se hizo por cátedra, por antecedente y oposición con presentación de proyectos y con tribunales de tres personas tomando examen oral y escrito a cada postulante. Se conformaron los tribunales con los docentes más calificados de los mismos institutos, que se rotaron geográficamente. Y no tuvimos una sola demanda u observación contra el proceso. Nada sucedió porque fue un proceso transparente.
– ¿Era pertinente avanzar con esas titularizaciones a cinco días de terminar la gestión?
– Sí, porque este proceso no empieza cinco días antes de firmar la resolución. Comienza con la paritaria de febrero, donde se establecen todas las titularizaciones que se van a hacer en el año. Hubo un proceso de preparación de docentes, tribunales, formación y finalmente, la ejecución. Lleva meses tomar un examen para cubrir más de ocho mil horas cátedra. Luego de ese proceso que llevó todo el año, el ofrecimiento que fue el último punto, se da el 5 de diciembre.
– ¿No se quiso sacar rédito al momento político?
– De ninguna manera. Son procesos que se vienen haciendo. Por ejemplo, titularizar los equipos de ESI es algo que se propone desde hace años y se trabaja para encontrar la mejor modalidad y capacitación; es una ley nueva. Es una continuidad de lo que se venía haciendo. Fue una etapa más. Se reclama un equipo psicopedagógico por escuela. Hoy, atienden entre diez y quince cada uno. Por eso digo que hay que seguir avanzando aún.
– ¿Defiende la legalidad de esos actos administrativos? ¿Fueron con concursos? ¿Se firmaron decretos o resoluciones ministeriales? ¿Todos tenían título?
– Todas las titularizaciones tienen decreto que las respaldan; todas tienen un decreto reglamentario que es validado también en la comisión paritaria con los gremios docentes. Y todos son concursos. Algunos son libres y otros de ‘reparación histórica’. Muchos fueron de reparación histórica porque (dichas personas) han estado diez años cumpliendo esas funciones y integrando los equipos interdisciplinarios. Porque también se cuestiona que muchos no son docentes; son profesionales de esos equipos que estuvieron diez años cumpliendo esa función.
– ¿Se priorizaron programas y no docentes frente al aula con estas titularizaciones, como lo observa la nueva gestión?
– Atendimos las dos cosas: se crearon cargos docentes a lo largo de los doce años de la gestión. Ahora, reitero, que haya equipos interdisciplinarios acompañando a los docentes es una demanda de las propias escuelas para atender situaciones complejas de la realidad actual que les impacta directamente.
– ¿Por qué no se cubrieron los cargos para las colonias de vacaciones?
– Sobre las colonias hay un expediente que se puede chequear. Lo dejamos con ocho mil horas cátedras financiadas para las colonias de diciembre; enero y febrero se financia con presupuesto 2020. Dejamos lo de diciembre: los escalafones para que puedan asumir esos docentes rápidamente, los gastos para esas colonias y la copa de leche para esas actividades. Eso es corroborable en dicho expediente. Enero y febrero es presupuesto 2020 y lo tiene que garantizar el gobierno que está hoy en la provincia.
-¿No era una responsabilidad del que se iba?
– ¡No! De qué manera podemos garantizar eso, si no podemos firmar enero y febrero. Éramos un gobierno saliente; no teníamos firma autorizada para proyectar por encima de nuestro mandato. Dejamos garantizado diciembre con todo el proceso hecho. Tendrán que encontrar la manera de cubrir eso, como tendrán que encontrar la manera de que los chicos coman en las escuelas. Eso es clave.
– ¿Niega una situación de desorden o desprolijidad en su cartera?
– No hay desorden ni desprolijidad. Lo que se hizo es continuar con una política pública que responde a una ideología y que pretende garantizar la educación como derecho de todos, y un desarrollo basado en educación. Por eso lo hicimos durante los doce años. Nadie puede decir que comenzamos a titularizar el último día del 2019 porque son procesos públicos a los que todos los docentes han tenido acceso.
– ¿Si no hubo desorden, a qué atribuye entonces toda esta revisión y crítica que se impulsa desde la nueva gestión?
– Creo que es otra política pública. Cada uno podrá valorar si es mejor o peor. Pero evidentemente son políticas públicas que ya están demostrando en el primer mes de gestión. Son diferencias políticas; por eso pertenecemos a partidos distintos y a miradas distintas sobre las formas de hacer política.
– Pero la legalidad es la misma en las dos ideologías…
– Sí, y no hay nada cuestionable en lo que hicimos. Tenemos un sistema educativo con 85 mil agentes que son el mejor contralor de todo lo que se vino haciendo en estos años. ¡¿Alguien cree que no habría demandas y presentaciones judiciales si alguien hubiera detectado alguna irregularidad?! Y no la hubo. Todo está validado y legalizado. El resto es una mirada política: ¿achicamos la educación o la seguimos ampliando? ¿entendemos que la educación es un derecho para todos o sólo pensamos en la educación obligatoria? Quizá no interesa que en los barrios haya carreras superiores para que todos puedan estudiar… Ahí está la clave de la diferencia. Esto no es ni reproche ni ‘golpe a golpe’. De ninguna manera; no hay interés de reprochar ni de golpear en ningún sentido. El único interés es aclarar lo que se ha hecho y cómo se cree que se debe seguir actuando.
Ley de Educación, una prioridad
– Cantero dijo que por ahora, la Ley de Educación no es una prioridad. ¿Qué opina?
– Ahí también hay una gran diferencia. Para nosotros sí es una prioridad. Voy a trabajar personalmente en esa ley porque también es una garantía de derechos. Que estén escritos los niveles y modalidades del sistema educativo evitaría que se desmantelen en el Ministerio de Educación; que esté escrito que los niños con discapacidad tienen derecho a educarse en la escuela común también hay que garantizarlo en la ley porque si no, también se va a dejar de hacer. Que haya ESI en todas las escuelas de la provincia es un derecho que si no lo escribimos, desaparece. Es lo que pensamos y es lo que vamos a defender.
