Por Darío Schueri, desde Santa Fe
Miguel Lifschiz avisó a los gremios estatales paritarios que “hay una situación ajustada”, casi advirtiendo que no tolerará excentricidades a la hora de pedir aumentos de sueldo. Es más, dejó librada la descontracturante “cláusula gatillo” al devenir de las negociaciones; esto es, no la propondrá el gobierno.
“En un año electoral las paritarias con los empleados públicos será uno de los hitos relevantes, porque los gremios (dirigentes y sus círculos de intermediación con las bases) saben que los gobiernos no quieren un conflicto de alto perfil y que atraviesa a la vida de la sociedad (si el funcionamiento de los servicios públicos se altera) por mucho tiempo”, analizó un avezado analista de la “cosa pública”.
Es verdad, lo que menos quiere el gobierno – y los gremios – es que el tema quede en el centro de la agenda por mucho tiempo, de allí que los gremios se sienten con mayor poder que otros años ante un gobierno políticamente más vulnerable. Aunque los sindicalistas más experimentados saben que no quedan exentos de riesgo, porque el conflicto largo hace que los sindicatos se vean metidos en la disputa electoral; o la propia disputa electoral se les meta dentro de los gremios.
Un funcionario del Ministerio de Economía nos señaló que “la cláusula gatillo del 2018 significó que en otros años la paritaria definía un aumento sobre sueldos después de 7 meses sin aumento; y hoy los sueldos ya están aumentados hasta el mes anterior”; ejemplificando: “años antes, si se daba un aumento del 25% anual, por ejemplo, se aumentaba un 18% en marzo y un 7% en julio. Y recién en marzo siguiente volvían a aumentar. En cambio desde mayo 2018 los sueldos no dejaron de aumentar mes a mes”.
El Ministro de Economía Gonzalo Saglione le puso números al año electoral: el año pasado, ilustró, la inversión en obra pública llegó al 2,32%, con un total de 25.605 millones de pesos invertidos. “Hay que volver hasta el 2006, durante la última gestión justicialista de Jorge Obeid, para ver un nivel similar de apuesta a la obra pública (2,21%)”, reconoció. “y sin un solo peso de la Nación”, asestó.
Saglione agregó que durante este año el gobierno provincial tiene que asumir con recursos propios los subsidios al transporte urbano e interurbano, lo que le significarán 1.500 millones de pesos; también Santa Fe se hará cargo de 1.500 millones de pesos para sostener la tarifa social eléctrica. Además, la provincia no va a disponer de 2.500 millones de pesos del fondo sojero, que se destinaba a obra pública.
A esas cifras también se deben sumar (o restar) el impacto de la pérdida de recaudación propia por las reducciones en las alícuotas impositivas acordadas en el pacto fiscal de 2017, que estimó en unos 3.000 millones de pesos de costo fiscal.
Números y política en un año bisagra para la República Argentina.
