El foro Reconquista de la Red de Infancia Robada reclamó que se investigue la suerte de menores alojados en hogares transitorios de esa ciudad. Denuncian violencia institucional.
La situación de niñez y género preocupa a sectores del norte de la provincia. El foro Reconquista de la Red Infancia Robada apuntó tanto a la Justicia como al Ejecutivo. En los últimos días, pidió que se investigue el tratamiento de niños, niñas y adolescentes en los hogares de esa ciudad, a través de una presentación en el Ministerio Público de la Acusación. «Consideramos que hay casos de violencia institucional», dijo Andrea Adobato, integrante de la red. También apuntaron a que «no hay fiscales y jueces que trabajen con perspectiva de género». En tanto, la comisión de Derechos y Garantías de la cámara de Diputados solicitó una reunión con los miembros de la Corte Suprema provincial, frente a casos en los que se dictaron condenas «insuficientes» o se dieron beneficios a imputados con alguna «protección». Causas como la desaparición de Rosalía Jara y las «presiones» de la Iglesia en el caso del cura Néstor Monzón, que espera juicio por abuso a dos menores, también ocupan lugar en la agenda de reclamos.
Tras presentar la denuncia penal para que se investiguen las sospechas sobre lo que sucede dentro de los centros de guarda ‑ante el relato de exempleadas‑, Adobato dijo a este diario que «si bien hay dispositivos activos en el norte, no hay quién dé respuestas concretas». Por ello, «el mes pasado presentamos una denuncia a las legisladoras de la comisión de Derechos y Garantías por la situación en los hogares, ya que tenemos sospechas de violencia, abusos, falta de alimentación y cuestiones de salud no satisfechas. Luego, contamos situaciones concretas en la presentación a la Fiscalía y ahora queremos ver qué pasa con eso», dijo.
En materia de género, también se hicieron reclamos: «Tengo entendido que tenemos uno de los índices más altos de toda la provincia», dijo Adobato sobre datos que arrojó el MPA. «Aquí no tenemos un solo fiscal que trabaje con perspectiva de género. Tampoco lo hacen los jueces», se quejó. En ese sentido, recordó el caso del hijo del ex comisario Walter Onieva, acusado de grooming, que el mes pasado fue beneficiado con prisión domiciliaria por parte del juez Mauricio Martelossi. El mismo magistrado conformó el tribunal que condenó a 15 años de prisión al ex empleado judicial Manuel Díaz, que abusaba de su hija, descreyendo de algunos de los hechos relatados.
Al mismo tiempo, la mujer recordó que desde la previa del 8M quedó conformada una mesa asamblearia con todas las organizaciones de mujeres, que continúa reuniéndose en cada caso como modo de organizarse. «Muchas veces sentimos que navegamos contra la corriente en situaciones que se terminan cortando por lo más delgado. Ni siquiera se investigan las denuncias por violación de restricción de acercamiento y muchas presentaciones no se quieren tomar», dijo Adobato, quien también hizo llegar a la Defensoría de Niñez el caso de una mujer a la que le sacaron a sus hijas, luego de quedar en situación de calle al incendiarse su casa.
La diputada Silvia Augsburger, del interbloque Igualdad, también criticó las políticas en materia de niñez. «El presupuesto es del 0,4 por ciento y hay trabajadores precarizados», dijo. También habló de «incumplimiento de plazos en casos de medidas excepcionales para los niños y niñas sin cuidados parentales». Frente a ello, la legisladora recordó que se presentaron varios pedidos de informes con los que insistirán este año con la iniciativa del abogado del niño y niña, tanto en la instancia administrativa como en la judicial.
Sobre las denuncias de la red Infancia Robada, la diputada indicó que se insistirá para que la comisión de Derechos y Garantías «haga un contralor más directo de estos espacios donde niños y niñas son alojados».
También se sumó la voz de la diputada Alicia Gutiérrez, quien señaló que tras la presentación de la red se hizo una recorrida por los centros de guarda, donde se advirtió que «los espacios físicos están en condiciones, pero lo que podemos señalar es que niños y niñas más pequeños están mezclados pese a las diferentes edades. No nos pareció acorde. La denuncia habla de abusos entre los niños, pero nosotros les pedimos que para investigar eso hagan una denuncia». Además, la legisladora transmitió al Ministerio de Desarrollo Social la importancia de que se hable de educación sexual en las instituciones.
Al mismo tiempo, indicó que los delitos de género y abusos sexuales «son los casos más denunciados. Nosotros notamos que hubo cambios: antes se hacían determinadas investigaciones en otras ciudades y hoy ya se hacen en Reconquista. Entonces notamos que hubo avances».
Fuente: Página12, por Lorena Panzerini
